Deja atrás las dudas generadas por el recorte presupuestario sufrido por los Cursos y supera de largo su media de público con un programa de calidad.
El Curso de Verano sobre ‘Atención a personas con enfermedad mental en riesgo de desamparo’ organizado por Hurkoa los días 17 y 18 de junio, con la colaboración del Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la asociación SARGI, superó cualquier expectativa. Cerca de 120 asistentes de media acudieron a todas las conferencias programadas, de los que la práctica totalidad pertenecía al ámbito profesional. La valoración recibida por el público a su conclusión fue muy positiva.
Los Cursos de Verano de la UPV han arrancado fuerte este año, con un programa inaugural que ha cosechado una alta calificación. El curso sobre Atención a personas con enfermedad mental en riesgo de desamparo preparado por la Fundación Hurkoa congregó a cerca de 120 personas que valoró con nota alta las conferencias planificadas. Esta cifra, que supera ampliamente la media de público que suele haber en los diferentes Cursos, obtiene aún más valor por el nivel de los asistentes, predominando su carácter profesional y su proximidad geográfica al ámbito de actuación de las entidades colaboradoras.
El curso fue un espacio de reflexión y trabajo sobre los métodos y recursos de intervención con personas que presentan enfermedad mental y se encuentran en riesgo de desamparo. Se dio a conocer y analizó la realidad que viven estas personas y se exploraron diferentes estrategias para intervenir sobre ellas, especialmente para las situaciones de desamparo, de riesgo de exclusión y de alta probabilidad de ruptura de convivencia en la sociedad, en el seno de las familias, en residencias, etcétera.
Aceptar al enfermo mental
Para abordar estos puntos se confeccionó un completo programa para las dos jornadas del curso. En la primera de ellas tuvo lugar, entre otras, la ponencia protagonizada por Miren Igone Virto y Lourdes Ortigosa, de SARGI, con la temática El pan de cada día: La visión de los colectivos que conviven con personas con enfermedad mental grave. Durante su charla quisieron resaltar la importancia de que la sociedad acepte la enfermedad mental para que el futuro sea más fácil para estas personas.
“Ése es el verdadero reto”, aseguraron, ya que “a mayor exclusión, mayor severidad en los problemas de salud mental. Cuando faltan los apoyos y los recursos están descoordinados, la población afectada entra en niveles cada vez más severos de patología y marginación”, explicó Ortigosa, quien afirmó que “con este rechazo, la persona asume que es peor que los demás y entra en un círculo de cronificación”.
Para que esto no sea así, Virto subrayó la importancia de “la prevención para evitar el estigma. Un trabajo que hay que hacer desde la cuna, dando nutrientes a la aceptación e integración desde todos los ámbitos de la sociedad”. Además, recalcó la necesidad de “desarrollar planes individualizados cuando se realizan los diagnósticos de enfermedad mental”.
Con estas premisas, Ortigosa aseguró que “es perfectamente posible que puedan llevar una vida integrada y autónoma, dependiendo de su grado de enfermedad mental, el apoyo de su entorno más cercano y el uso de recursos y tratamientos adecuados”. Pero eso sí, “apoyándoles sin ahogarles -porque si se les protege demasiado se les resta autonomía y eficacia-, y desde la educación, cuidando los valores que transmitimos sobre la enfermedad mental”, apuntó.
Exclusión social en personas mayores
También suscitó un gran interés la conferencia ofrecida por el director del Departamento de Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Muñoz, sobre Salud Mental y Exclusión Social en Personas Mayores: Situación y posibilidades de Intervención. Muñoz hizo referencia a los últimos estudios que constatan cómo la exclusión social y el aislamiento pueden producir efectos cognitivos, emocionales, motivacionales y en el comportamiento en las personas que los sufren, y que se están empezando a conocer los efectos neuropsicológicos de la exclusión y la discriminación social.
Así, subrayó las principales alternativas de intervención en este tipo de problemas: la búsqueda activa como estrategia de identificación y enganche de las personas aisladas; la colaboración entre instancias municipales, responsables de la atención directa a las personas mayores, colegios profesionales y la Universidad, creando equipos de colaboración y trabajo conjunto que permitan conjugar los aspectos más aplicados con las exigencias del trabajo de investigación; o la necesidad de contar con profesionales formados en estrategias psicológicas de búsqueda activa, enganche y tratamiento que permita abordar con ciertas garantías los problemas de este grupo de población.
Retos a asumir por la psiquiatría
Una de las ponencias más relevantes fue la del jefe de la Unidad de Gestión Clínica Red de Salud Mental de Bizkaia y presidente de la Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial, José Juan Uriarte, quien respondió a la pregunta ¿Qué puede aportar la psiquiatría a las personas con enfermedad mental grave más allá del tratamiento médico? y enumeró algunos de los retos de futuro marcados en la agenda de los psiquiatras “en un contexto de desarrollo aún insuficiente de recursos”.
Entre ellos, el principal es el de obtener un mejor conocimiento de los factores biológicos, psicológicos y sociales que subyacen a la enfermedad mental. “Es crucial que se mantenga la inversión en la investigación, no sólo en la investigación básica, sino también en la investigación de resultados y de organización de servicios”, indicó Uriarte. También abogó por el desarrollo de un sistema de atención comunitario, con servicios accesibles, integrales, adaptados a las necesidades de las personas afectadas y orientados a la recuperación. “Éste es un reto permanente, muy especialmente en momentos en los que la sostenibilidad del sistema está en entredicho”, advirtió. Además, recordó que la lucha contra el estigma sigue siendo una cuenta pendiente “en la que estamos todos implicados, los propios profesionales, las personas afectadas, las instituciones y gobiernos, y muy especialmente la sociedad”.
Doblar los esfuerzos en el ámbito socio-sanitario
En la segunda jornada destacó la intervención del Ararteko, Iñigo Lamarka, que presentó su Estudio sobre la atención de la salud mental en la CAPV: Retos y Oportunidades. En ese trabajo, la institución del Ararteko reconoce el notable esfuerzo que las administraciones públicas vascas han desarrollado en los últimos años en materia de atención y protección de la salud mental de estos colectivos especialmente vulnerables, y a su vez, pone la atención en aquellas cuestiones que requieren de nuevas iniciativas, mayor desarrollo o mejora.
Así, recordó que “en estos años hemos asistido a un remarcable impulso en la creación, implantación y mejora de centros de salud mental para personas adultas e infanto-juveniles, unidades de hospitalización breve, hospitales de día para personas adultas e infanto-juveniles, unidades de media estancia, unidades de rehabilitación y psicogeriátricos, así como a la paulatina creación y ampliación de estructuras residenciales no hospitalarias como pisos tutelados, pisos supervisados, minirresidencias, hogares, comunidades terapéuticas, pensiones y hostales protegidos, todo ello en el marco de un inacabado proceso de desinstitucionalización”.
Por el contrario, Lamarca subrayó la falta de materialización de las previsiones establecidas en la estrategia de Salud Mental en la CAV, concretamente en el caso de los trastornos de personalidad, cuya atención sufre “un retraso preocupante”; calificó como “lamentable” el retraso sufrido en el desarrollo del ‘Espacio Socio-sanitario’ por la falta de financiación; y resaltó la necesidad de “doblar los esfuerzos” para mejorar el acceso a los servicios sociales y sanitarios debido a la “grave crisis económica actual”.
Protección jurídica
Por parte de Hurkoa participó su directora adjunta, Andikona Uriarte, con la conferencia Protección legal versus intervención socio-comunitaria, en la que expresó que “dentro de la multidimensionalidad de la persona, la protección jurídica es una parte muy importante también”. De este modo, recordó que las personas, sea cual sea su situación de salud o su situación vital, nunca pierden la titularidad de sus derechos y obligaciones. “Lo que se puede perder por padecer alguna enfermedad es la capacidad de ejercer esos derechos y obligaciones, es decir, la capacidad de autogobernarse. Los instrumentos tutelares son para complementar esa falta de capacidad”, señaló.
También explicó que para decidir si se inicia un procedimiento de modificación de la capacidad y se solicita que un juez acuerde un cargo tutelar, hay que valorar la necesidad de tal medida y la mejora que la intervención de un tercero va a suponer en la vida de la persona incapacitada. “Porque no podemos olvidar nunca que los cargos tutelares deben ejercerse siempre en beneficio de la persona incapacitada y que son instrumentos de protección de las personas”, concluyó.
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